El 28 de abril de 2015 se trato en la Cámara de Diputados de  ER el Proyecto de Ley de Orden Publico de los Honorarios Profesionales a la que AEPUER  fue especialmente invitado para argumentar a favor del proyecto  en el que tuvo  su origen y fuera presentada por la Dra Rosario Romero.  El Colegio de Psicopedagogos de ER participo como entidad miembro.  Dicho proyecto fue aprobado el 7 de julio de 2015 por unanimidad y sancionado como   Ley N° 10377.
 
 
 
DEL INFORME DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS (12/05)
 
Derogación de leyes regulatorias
Por unanimidad, se aprobó el proyecto de ley cuya autoría a la diputada Rosario Romero, por el que se derogan las disposiciones de la Ley 8.622 en relación  a las leyes regulatorias de honorarios y aranceles profesionales, las que recuperan a partir de esta fecha su carácter de Orden Público.  
A partir de la entrada en vigencia, cada Institución con administración de matrícula profesional, adecuará y/o adoptará el régimen de aranceles y honorarios en consonancia con las presentes disposiciones.
En este sentido, la diputada Rosario Romero explicó que “hasta fines de 1991 los colegios de profesionales tenía leyes de aranceles, esa leyes eran de Orden Pública y regulaban y establecían escalas para las distintas tareas que desarrollaban los profesionales, establecían honorarios mínimos y máximos. Con las normas de desregulación económica se derogaron todas estas leyes de Orden Público y se dejó al libre mercado el establecer los honorarios”. Por lo que “esto ha traído, para los jóvenes profesionales, inconvenientes porque los profesionales que ya tienen un nombre cobran sin un tope y los profesionales que recién comienzan les cuesta cobrar hasta el mínimo. Entonces, el Orden Público de estas leyes tenía una virtud de igualar  y permitir que los jóvenes accedan al mercado laboral”.
Resaltó que “con esta ley lo que hacemos es restablecer el Orden Público, beneficiando a los ciudadanos dándoles mayor seguridad jurídica ya que se establecen mínimos y topes; y para los profesionales, va a significar que los jóvenes tengan más protección por parte del Estado”.